DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
.
LA LEY FUNDAMENTAL
LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
FEDERALISMO Y AUTONOMÍA
PARTIDOS Y  ELECCIONES
PAÍS Y GEOGRAFÍA 
LOS ESTADOS FEDERADOS
LA POBLACIÓN
CIUDAD Y ESTADO DE HAMBURGO 
HISTORIA HASTA 1945
HISTORIA DE 1945 HASTA HOY
HISTORIA DE HAMBURGO
X
X
X

El ordenamiento jurídico


El derecho de la República Federal de Alemania es básicamente derecho escrito. Se extiende a prácticamente todos los ámbitos de la vida, de modo que hoy en día la legislación se presenta como adecuación y reforma del derecho vigente. El ordenamiento jurídico está determinado por el derecho constitucional. Pero también el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional actúan sobre el derecho interno. La legislación federal abarca unas 1.900 leyes y 3.000 reglamentos generales. El derecho de Land (regional) abarca, junto a las normas en materia de policía y régimen local, sobre todo el ámbito de la enseñanza (escuelas y universidades) y la prensa y radiodifusión.

Durante los cuatro decenios que duró la división, los sistemas jurídicos de la República Federal y de la RDA siguieron caminos totalmente divergentes. En 1990, a raíz de la adhesión de la RDA a la República Federal de Alemania, prevaleció el criterio de armonizar y unificar lo antes posible el sistema jurídico en todo el territorio federal. Este paso era de vital importancia, entre otras cosas con vistas al desarrollo económico de los nuevos Estados Federados. Para tomar debidamente en cuenta la especial evolución que se operó en la RDA y las estructuras derivadas de la misma, se elaboraron detalladas normativas de ajuste en casi todos los ámbitos del derecho. Entre tanto se ha completado la armonización de la estructura judicial.

El Estado de Derecho.
Desde una perspectiva histórica, el derecho de la República Federal de Alemania se remonta al derecho romano, asumido en parte, y a numerosas fuentes jurídicas de los distintos territorios. En el siglo XIX se unificó por primera vez el derecho privado para todo el Imperio Alemán. El Código Civil y el Código de Comercio conservan hasta el día de hoy el espíritu liberal de los tiempos de la codificación. Están presididos por el principio de la libertad de contratación.

Las garantías del Estado de Derecho se plasman sobre todo en el derecho material y procesal. En el derecho penal rige el principio, constitucionalmente reconocido en la Ley Fundamental, de que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento (nulla poena sine lege). Por eso, los jueces penales no pueden cubrir lagunas por analogía, es decir, aplicando normas penales a casos no previstos por las leyes, pero que presentan afinidad con otros sí regulados. Además las leyes penales no tienen efecto retroactivo, el hecho debe estar considerado como delito por ley anterior a su comisión. También tiene rango constitucional el principio de que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito (non bis in idem). La libertad de la persona puede ser limitada únicamente en virtud de una ley. Sobre la admisibilidad y duración de una privación de libertad deciden única y exclusivamente los jueces. La restricción de la libertad que no se derive de una orden judicial requiere un automático pronunciamiento judicial.

La policía puede detener a un sospechoso, pero no lo puede mantener bajo su custodia más allá del fin del día posterior al de la detención. Todos tienen el derecho de ser oídos legalmente ante los tribunales; este elemento esencial del Estado de Derecho también está consagrado en la constitución alemana. La administración de justicia corresponde a jueces y magistrados independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. Son inamovibles y no pueden ser trasladados contra su voluntad. Están prohibidos los tribunales de excepción.

En Alemania los fundamentos del Estado de Derecho ya se establecieron casi por completo en las leyes del siglo XIX. Se trata concretamente de la Ley orgánica del poder judicial, que regula la estructura, organización y competencia de los tribunales, la Ley de enjuiciamiento civil y la Ley de enjuiciamiento criminal. El Código Penal, que entró en vigor en 1900, y las Leyes de enjuiciamiento civil y criminal fueron arrancadas en el último tercio del siglo pasado al gobierno imperial por las fuerzas liberales y demócratas tras enconados debates parlamentarios.

Las leyes alemanas también han servido de modelo para otros ordenamientos jurídicos: por ejemplo, el Código Civil alemán influyó notablemente en la codificación civil de países como Japón y Grecia.

Los ciudadanos y la administración pública.
Tras más de cien años de evolución normativa, la Ley Fundamental culminó un sistema global de protección jurídica contra los actos de los poderes públicos. Reconoció al ciudadano el derecho de impugnar cualesquiera actos que considere lesivos de sus derechos. Esto es válido para todos los actos de la Administración, desde una liquidación fiscal o una decisión sobre el paso al siguiente curso en un colegio, hasta la retirada del permiso de conducir o la denegación de una licencia de obras.

En la RDA no existían los tribunales contencioso-administrativos; ahora los nuevos Estados Federados sí disponen de estos tribunales para controlar cumplidamente la actuación de la Administración. La protección jurídica por medio de tribunales competentes por razón de la materia se completa con el derecho que asiste a todo ciudadano de recurrir a la Corte Constitucional Federal: El llamado recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudadanos frente a las violaciones de los derechos constitucionales originadas por actos de los poderes públicos. El recurso sólo es admisible cuando se ha producido una violación de un derecho fundamental del recurrente como consecuencia de un acto de los poderes públicos, por ejemplo una decisión judicial o un acto administrativo, o también de una ley. Para interponer el recurso de amparo por regla general tienen que haberse agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial.

El derecho en el Estado social.
La Ley Fundamental prescribe el desarrollo del Estado social. Por eso hoy en día la legislación tiene mucho más en cuenta las necesidades sociales que antes. Desde la fundación de la República Federal de Alemania se han dictado un sinnúmero de leyes en esta línea, sobre todo en el campo del derecho laboral y social. Estas leyes garantizan por ejemplo diversas prestaciones económicas en caso de enfermedad, accidente, invalidez, desempleo y jubilación. El derecho laboral ejemplifica elocuentemente esa materialización jurídica del principio del Estado social. Originariamente el Código Civil sólo contenía una somera referencia en el título dedicado al contrato de servicios. Hoy en día el derecho laboral engloba infinidad de leyes y convenios colectivos y se basa asimismo en los precedentes judiciales. Especial significación revisten la Ley de convenios colectivos, la Ley de protección contra el despido, la Ley de régimen orgánico de las empresas, las Leyes de cogestión y la Ley de tribunales de trabajo.

La organización del poder judicial.
En Alemania la administración de justicia se caracteriza por una protección jurídica integral y una amplia especialización técnica. El poder judicial se divide en cinco ramas independientes entre sí:

• Los tribunales de la jurisdicción ordinaria son competentes para conocer de todos los procedimientos penales, pleitos de derecho civil (por ejemplo litigios derivados de contratos de compraventa o arrendamientos, matrimonio y derecho de familia o daños y perjuicios) y el campo de la jurisdicción voluntaria (asuntos relacionados con el Registro de la propiedad, sucesiones y tutela).

Existen cuatro niveles: juzgado local, tribunal regional, tribunal regional superior y Corte Federal de Justicia. En las causas penales pueden actuar como primera instancia uno de los tres tribunales mencionados en primer lugar, según los casos; en los pleitos de derecho civil el tribunal de primera instancia es necesariamente el juzgado local o bien el tribunal regional. Las otras dos instancias están constituidas por los tribunales de apelación y casación.

• Los tribunales de trabajo (subdivididos en tres instancias: tribunal de trabajo, tribunal superior de trabajo, Corte Federal de Trabajo) conocen de los litigios de derecho privado derivados de las relaciones laborales y de los litigios entre los agentes sociales, así como de las cuestiones relativas al régimen orgánico de las empresas, según lo establecido en la ley del mismo nombre. Los tribunales de trabajo deciden por ejemplo si un despido es procedente o no.

• La jurisdicción contencioso-administrativa (tribunal contencioso-administrativo, tribunal contencioso-administrativo superior, Corte Federal Contencioso-administrativa) es competente para todos los procesos administrativos de derecho público que no entren dentro del ámbito de competencias de los tribunales sociales ni económico-administrativos o -excepcionalmentede los tribunales ordinarios (por ej. responsabilidad civil del Estado), o no se refieran a un litigio de orden constitucional.

• Los tribunales sociales (tribunal de asuntos de seguridad social, tribunal superior de asuntos de seguridad social, Corte Federal Social) conocen de los litigios relativos a la seguridad social en todas sus vertientes.

• Los tribunales económico-administrativos (tribunal de hacienda, Corte Federal de Hacienda) conocen de los asuntos tributarios.

Aparte de las cinco ramas descritas se sitúa la Corte Constitucional Federal, que no sólo es el más alto tribunal de la Federación, sino al mismo tiempo un órgano constitucional. Conoce, entre otras cosas, de los recursos de inconstitucionalidad.

El sistema de los recursos legales ofrece dentro de todas sus variantes un gran abanico de posibilidades de defensa contra las sentencias judiciales. En la apelación el tribunal ad quem vuelve a examinar en toda su amplitud el caso, no sólo verifica la corrección técnica del fallo, sino que vuelve a comprobar los hechos, pudiéndose aportar nuevas pruebas. En la casación, que constituye la tercera y última instancia, únicamente se resuelve sobre puntos de derecho, es decir, se comprueba si el derecho material se aplicó correctamente y si se respetaron las normas de procedimiento preceptivas.

En la República Federal de Alemania la función jurisdiccional es ejercida por unos 20.000 jueces de carrera, de los que más de las tres cuartas partes trabajan en la jurisdicción ordinaria. La mayoría de los jueces son designados de por vida y a la hora de ejercer su función están sometidos únicamente al imperio de la ley. En los juzgados locales las tareas de la jurisdicción voluntaria son asumidas predominantemente por unos funcionarios de justicia de nivel intermedio, no por jueces. En varias ramas judiciales existen jueces legos, no de carrera, que conocen de cerca las situaciones fácticas respectivas por ejemplo en asuntos de jurisdicción laboral y social -, contribuyendo de este modo a que las resoluciones judiciales resulten más próximas a la realidad social. Además encarnan la responsabilidad inmediata que incumbe a los ciudadanos en la administración de justicia.

Los cerca de 5.000 fiscales trabajan básicamente en los procesos penales. A ellos corresponde esclarecer los hechos cuando hay indicios racionales de criminalidad. Deciden si un proceso debe sobreseerse o si debe procederse al procesamiento del inculpado; sostienen la acusación en el procedimiento judicial. Los fiscales no son personal ni técnicamente independientes como los jueces. Antes bien, en cuanto funcionarios están vinculados a las instrucciones de sus superiores, si bien esa dependencia jerárquica tiene unos límites muy estrictos.

Cerca de 100.000 abogados ejercen como profesionales libres dedicados a asesorar con independencia y representar a los particulares en todo tipo de negocios y asuntos judiciales. Representando a sus clientes ante los tribunales tienen una participación esencial en la administración de justicia. En cuanto letrados asumen deberes especiales, cuyo cumplimiento es supervisado por tribunales profesionales.

Los jueces de carrera, fiscales y abogados deben estar en posesión de la «habilitación para el ejercicio de la judicatura». Esto significa que deben cursar estudios completos de derecho, al término de los cuales se someten a un primer examen, y realizar unas prácticas de dos años y medio, al cabo de las cuales tienen que pasar otro examen final (segundo examen de Estado).

La protección de los datos personales.
La difusión de la informática (proceso electrónico de datos) en casi todos los ámbitos de la sociedad industrial moderna ha traído consigo nuevos problemas para la justicia y el ordenamiento jurídico. Hoy en día los ordenadores se utilizan para llevar las cuentas de los bancos, reservar billetes de avión, elaborar liquidaciones fiscales en las delegaciones de hacienda o recopilar datos sobre delincuentes en las comisarías de policía; la informática es pues prácticamente imprescindible en todos los ámbitos. Permite registrar ingentes cantidades de datos inmediatamente disponibles, incluso por medio de redes de cobertura mundial. Las técnicas de comunicación modernas han facilitado enormemente el trabajo de muchas empresas y administraciones y llevan camino de convertir nuestra sociedad en una «sociedad mundial de la información».

No obstante, la informática moderna también entraña riesgos. Los datos registrados pueden utilizarse fraudulentamente e ir a parar a manos de personas no autorizadas. Quien dispone de una cantidad determinada de datos puntuales tiene acceso a la esfera privada del ciudadano, que es inviolable. A fin de prevenir estos peligros, en Alemania la protección de los datos personales se reguló tanto a nivel de leyes federales como regionales. Las leyes establecen el manejo de los datos de carácter personal por parte de las autoridades y los particulares, por ejemplo empresas. La Ley Federal de protección de datos se actualizó en 1990.

Los empleados de oficinas en las que se elaboran datos personales están obligados a guardar sigilo. Salvo contadas excepciones, el ciudadano tiene derecho a recibir de toda entidad que se dedica a la elaboración de datos información sobre todos los datos almacenados en relación con su persona. Puede exigir la corrección de datos falsos, el bloqueo de datos litigiosos y la cancelación de datos recopilados ilícitamente.

El Bundestag Alemán, a propuesta del Gobierno Federal, elige por mayoría absoluta al Delegado federal para la protección de datos. El Delegado es nombrado por el Presidente Federal. Su función consiste en asesorar al Gobierno y al Parlamento en los procedimientos legislativos desde la óptica de la protección de los datos personales, controlar el manejo de los datos personales por parte de las autoridades de la Federación y presentarles recomendaciones en orden al mejoramiento de la protección de dichos datos. Todo ciudadano que considere lesionados sus intereses en este campo por una autoridad de la Federación puede someter su caso al Delegado. Este presenta al Bundestag una memoria bienal sobre su actividad.

También los Estados Federados tienen sus propios delegados para la protección de los datos personales. Las empresas dedicadas al procesamiento de datos están obligadas asimismo a designar un comisionado para la protección de datos. Las empresas privadas son controladas por las autoridades inspectoras de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos; la intervención requiere en todo caso un motivo fundado.

La dimensión constitucional de la protección de los datos personales fue explicitada por la Corte Constitucional Federal en una sentencia del año 1983. El alto tribunal deriva del artículo 2 de la Ley Fundamental un derecho del ciudadano a la autodeterminación sobre sus datos personales: El individuo en principio está autorizado para decidir por sí mismo la difusión y utilización de sus datos personales. Como consecuencia de dicha sentencia se reformó el régimen de protección de los datos personales y se dictaron disposiciones específicas por sectores (código social, censo, leyes de policía, etc.).

La legislación alemana para la protección de datos es una de las más modernas y completas del mundo. Ha contribuido a aumentar la toma de conciencia pública respecto a la necesidad de proteger los datos personales.

En 1995 la UE aprobó una directiva en materia de protección de datos inspirada en la normativa alemana que deberá trasladarse al derecho nacional antes del final de 1998 y que mejorará la posición jurídica del individuo ante todo frente a las empresas privadas. Este paso es urgente en vista de la globalización de la economía, la progresiva intercomunicación mundial y la introducción de nuevas técnicas (tarjetas electrónicas con chip incorporado, vídeo, multimedia, etc.).


DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
.
LA LEY FUNDAMENTAL
LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES
EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
FEDERALISMO Y AUTONOMÍA
PARTIDOS Y  ELECCIONES
PAÍS Y GEOGRAFÍA 
LOS ESTADOS FEDERADOS
LA POBLACIÓN
CIUDAD Y ESTADO DE HAMBURGO
HISTORIA HASTA 1945
HISTORIA DE 1945 HASTA HOY
HISTORIA DE HAMBURGO
X
X
X

© Presse- und Informationsamt der Bundesregierung